La violencia contra la mujer es un problema social cada vez más
grave y recurrente. Ha pasado de ser un problema privado a un
problema público de Estado, con legislación y políticas públicas para
su tratamiento.
Su magnitud, incidencia, formas y efectos que provoca en las mujeres,
la familia y la sociedad, ameritan acciones articuladas entre todos
los actores estatales y de la sociedad civil, haciendo que las políticas
públicas sean más eficientes y efectivas en sus resultados.